24.1.11

Creación de la Sede electrónica en el Senado de España

En el contexto europeo de impulso de la administración electrónica, la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, ha supuesto un salto cualitativo en la implantación de las nuevas tecnologías. Reconoce el derecho de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones Públicas utilizando medios electrónicos e impone a éstas la obligación de dotarse de los medios y sistemas electrónicos adecuados.

Para hacer frente a la necesidad de crear un espacio de gestión de procedimientos y servicios en el que los ciudadanos y las Administraciones se relacionen de una forma segura, se prevé la creación de sedes administrativas electrónicas. En concreto, el artículo 10 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, define la sede electrónica como aquella dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones cuya titularidad, gestión y administración corresponde a una Administración Pública, órgano o entidad administrativa en el ejercicio de sus competencias.

Con la creación de la sede electrónica del Senado se pone a disposición de los ciudadanos un nuevo canal que, más allá del concepto de portal de comunicación, se caracteriza por ofrecer un entorno seguro de prestación de servicios que garantiza la accesibilidad, disponibilidad, identificación, autenticación, protección jurídica, confidencialidad, integridad de las comunicaciones, responsabilidad, seguridad e interoperatividad.

Firmaprofesional ha puesto a disposición de la Cámara alta del estado las herramientas necesarias para erigir esta nueva Sede electrónica dando cumplimiento a la citada ley 11/2007 y en concreto al Acuerdo de 16 de noviembre de 2010, de la Mesa del Senado, por el que se crea la Sede Electrónica del Senado, que queda además habilitada para emitir Sellos de órgano y certificados de empleado público para sus trabajadores.

La incorporación de las tecnologías de la información y de las comunicaciones a la organización y funcionamiento de la administración parlamentaria permite racionalizar y simplificar los procedimientos, reducir los costes y, en definitiva, ofrecer una gestión más eficaz, eficiente y transparente.

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