11.5.12

Numerus Apertus en la normativa europea sobre facturación electrónica

Plantearemos aquí un pequeño análisis a la nueva (o no tanto) normativa europea que viene a modificar la regulación existente en Europa en materia de Factura Electrónica. Decimos que quizás no se trate de una norma tan nueva ya que fue aprobada en el 2010, pero sí lo es en cuanto a que aún espera a ser traspuesta a nuestro Ordenamiento Jurídico, para lo cuál por sí misma establece un mandato temporal, que no habrá de extralimitar el 31 de Diciembre del 2012.

Esto quiere decir que el 1 de Enero del año próximo, para evitar posibles sanciones por parte de la UE, habremos estrenado nueva normativa. Lo cuál exige un estudio por adelantado con conclusiones prácticas y lógicas de las novedades (no tantas) que nos pueden interesar como PSC, y que incorpora esta nueva norma: la Directiva 2010/45/UE.

Antes los puntos vitales de la anterior regulación que sí mantiene intactos: conserva los requisitos para poder facturar electrónicamente de exigencia del consentimiento del emisor, y garantía de la autenticidad del origen (que define), integridad del contenido (que también define), y legibilidad (esta se menciona expresamente, por primera vez, que se exigirá desde el momento de la expedición, y no ya sólo en su conservación).
Para nuestro interés, la novedad más destacable es la modificación del art. 233 de la anterior Directiva 2006/112/CE, siendo redactado ahora en el apartado 1, segundo párrafo, como sigue: “cada sujeto pasivo determinará el modo de garantizar” estos requisitos, y siempre y cuando subsista esa garantía, se puede acoger a otros medios (numerus apertus).

Para una correcta comprensión de lo que supone este párrafo hemos de traer a la memoria lo que contemplaba la propia Directiva del 2006, y nuestra propia normativa sobre facturación electrónica:

El art. 233 de la Directiva 2006, tasaba la firma electrónica (reconocida, dice nuestra Orden EHA/962/2007), y el Sistema de Intercambio de Datos (EDI), como métodos que garantizaban esa integridad y autenticidad, sin embargo ya contemplaba la posibilidad de utilizar otros métodos, siempre y cuando el Estado Miembro lo autorizara.

EL GRAN CAMBIO, A NUESTRO MODO DE VER, ES QUE LA DIRECTIVA DEL 2010 YA NO SOMETE LA ELECCIÓN DE OTRO MÉTODO A LA AUTORIZACIÓN POR EL EM, SINO A LA VOLUNTAD DEL SUJETO PASIVO, siempre y cuando garantice los requisitos que sabemos.

Esta idea que recogía la Directiva anterior, también articula nuestro RD 1496/2003, que aprobaba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.

Desde la CEOE lleva fraguándose una postura oficial sobre la factura electrónica desde hace ya bastantes meses, hemos tenido acceso a este intenso debate y podemos extraer una de sus conclusiones (8) que: “recomienda que el Gobierno apoye la línea de simplificación que contempla la Directiva 2010/45/UE”. Esta recomendación al legislador resulta sin duda retórica, toda vez que cualquiera que sea nuestra opinión al respecto, el contenido de esta norma modificativa será una realidad en un futuro próximo.

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